Apoyo a Antonio Rubio

No hace mucho tiempo, tuve la suerte de trabajar con Antonio Rubio, subdirector de EL MUNDO. Periodista íntegro y meticuloso, especialista en periodismo de investigación, estaba trabajando en el 'Caso Gürtel'. La suerte de ser un joven con desparpajo en Internet, me llevó de la mano a trabajar con él debido a su escaso conocimiento de las redes sociales. Ya no diré más, pues complicaría una investigación en marcha. Sólo que durante ese tiempo, pude darme cuenta de que es uno de los mejores periodistas de este país.

Bien, pues no hace ni dos semanas que un juez le multó con 1.000 euros por no desvelar sus fuentes en una investigación sobre el 11-M. Rubio ha sido junto a Luis del Pino, uno de los periodistas más interesados en saber qué ocurrió en los atentados de Atocha. Por ello, su trabajo ha ido ligado a la investigación pura y dura del sumario del juicio sobre el 11-M. Ha descubierto irregularidades judiciales, policiales y de altos cargos que ponen de manifiesto la legalidad de un proceso más mediático que judicial.

Cualquier periodista que se precie, debe apoyar y respaldar la actuación del subdirector de EL MUNDO, en la defensa de su derecho al secreto profesional. Yo lo hago. Y acuso de que es un atentado directo contra la libertad de información la multa de 1.000 euros que un juez de Madrid le ha impuesto por negarse a revelar sus fuentes de información.

El artículo 20 d) de la Constitución Española reconoce el derecho al secreto profesional en el ejercicio de la libertad de comunicar libremente información veraz. Este derecho, según establece la norma constitucional, debería haber sido desarrollado mediante ley orgánica. Sin embargo, 31 años después de la aprobación de la Carta Magna, los sucesivos gobiernos no han querido o no se han atrevido a redactar la ley que regule el secreto profesional de los periodistas.

Los periodistas "debemos lamentar la parálisis legislativa respecto a un derecho que es a su vez principio sagrado del ejercicio del periodismo y garantía de los derechos fundamentales de la libertad de expresión e información, que a un tiempo sustentan la propia democracia de nuestro sistema" tal y como afirma la FAPE.

Cualquier sanción judicial contra un periodista por no querer revelar sus fuentes no sólo no está ajustad a derecho por ir en contra de la norma constitucional sino que supone un atentado directo contra la libertad de información y contra la propia democracia.